La semana pasada, el conflicto entre la petrolera española Repsol y el Gobierno argentino alcanzó su punto más álgido cuando distintos medios dieron por hecha la expropiación de YPF, la filial de Repsol comprada al Gobierno argentino y a otros accionistas en 1999.
Desde hace varios meses, en el contexto de la deriva populista en la que se ha embarcado el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la empresa española que dirige Antonio Brufau ha visto como distintos gobiernos provinciales retiraban las licencias que les permitían operar en sus territorios. El rumor, nunca desmentido, de que YPF iba a ser expropiado por el gobierno argentino dio lugar a una respuesta tal vez sobreactuada por parte del gobierno español, quien entraba así en una competición con la Casa Rosada a ver quién era el que más elevaba el tono. Con un matiz, desde Buenos Aires nadie tomó la palabra.
Como hoy señala la profesora Araceli Mangas en el periódico El Mundo, es necesario diferenciar los dos planos que confluyen en esta controversia, uno empresarial y otro de tipo político. En el primero de ellos, el convenio bilateral hispano-argentino que regula la solución de posibles desacuerdos entre el Gobierno de Buenos Aires y las empresas españolas que invierten en Argentina establece la obligación de acudir a la vía judicial interna para resolver estas controversias antes de poder acudir a la vía internacional. Evidentemente, Repsol no tendría excesivas seguridades de encontrar jueces imparciales en Argentina, más cuando se ha instalado en el país ese clima populista que tan bien dominan los Kirchner (sí, en plural, pues no hay que olvidar el importante papel que en toda esta deriva tiene el hijo de la Presidenta, Máximo, quien encabeza el grupo de izquierda La Cámpora). Sin embargo, teniendo en cuenta la legislación internacional en la materia, al haber otros convenios firmados por Argentina y España con terceros países que no exigen acudir a la jurisdicción interna previa, Repsol podría acudir a esta vía mas favorable por su objetividad, y tras seis meses de negociación con el Gobierno argentino, podría acudir directamente al arbitraje internacional.
El otro plano es el político. El Gobierno de España tiene todo el derecho y la legitimidad para exigir a Argentina el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la persona de sus ciudadanos. Pero de ahí a acusar al Gobierno de la señora Kirchner de “agresión”, como hizo el ministro de Asuntos Exteriores español, va un largo camino.
En el mundo de las relaciones internacionales el uso de las palabras debe ser muy medido, evitando sobre todo los excesos y las sobreactuaciones. La diplomacia exige que los responsables políticos midan sus palabras hasta el extremo con el fin de evitar que lo que no es más que una “controversia” internacional se convierta en “tensión”, o peor aún, en un “conflicto”.
Es evidente que ni las palabras antes referidas del ministro Margallo, ni las grabadas por el Ministro español de Industria hablando de “gestos de hostilidad” hacia el gobierno de España y de las posibles “consecuencias” que podrían acarrear, contribuyen a relajar el ambiente ni a encontrar soluciones favorables a los intereses de Repsol.
Por mucho que el gobierno quiera vender que su actitud de dureza ha permitido solventar la situación, no parece claro que la posible solución, si es que efectivamente se ha producido, haya venido por esa vía. Parece más que el gobierno argentino se esté dedicando a una faena de “toreo fino” como señala Francisco Peregil en su blog El Sur. Con este anuncio sin anuncio, la presidenta argentina mantiene elevada la moral de los argentinos, continua creando un clima favorable a la nacionalización de YPF ente sus ciudadanos, y lo que no es menos importante, va reduciendo poco a poco el valor de la compañía.
Por ello es importante que los políticos españoles sepan bien las cartas que están jugando y eviten caer en la trampa de las palabras altisonantes y las sobreactuaciones. Recuerden que estamos jugándonoslas con los creadores de la milonga.
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